Las presuntas expresiones despectivas que utilizó el alcalde de Yopal (Casanare), Luis Eduardo Castro, para referirse a las mujeres llegaron a oídos de la autoridad disciplinaria que decidió ponerle la lupa al asunto. La Procuraduría anunció que abrió una indagación preliminar contra el funcionario por sus “términos desobligantes hacia las mujeres, manifestaciones con las cuales habría atentado contra los derechos de aquellas y que a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia”.
El Ministerio Público se refiere a unas declaraciones dadas por el mandatario local el pasado martes 6 de abril. Las palabras de Castro que ahora lo tienen ad portas de una investigación disciplinarias fueron: “hay que concientizar a nuestros Caballeros de la ciudad a que consuman producto colombiano, con eso lo digo todo, perdóneme el atrevimiento, pero eso es así”. Y aunque de entrada la frase no parece ofensiva, lo cierto es que se trató de una expresión en doble sentido pues el alcalde estaba hablando de la prostitución de mujeres migrantes en la ciudad.
“Lo que lleva la línea de prostitución es a hurto, distribución de alucinógenos, trata de blancas (…) con apertura del centro migratorio puede actuar Bienestar Familiar y Defensoría del Pueblo se va a poner al frente con la Personería. Obviamente la Policía va a actuar en lo que tiene con distribución de alucinógenos”, complementó Castro en su intervención. Las reacciones al alcalde de Yopal no se hicieron esperar. A través de redes sociales, los ciudadanos han manifestado indignación por las palabras del político.
El Ministerio Público le dio un término de cinco días improrrogables a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Yopal para que remita un informe detallado de las acciones y actuaciones administrativas que ha adelantado esa alcaldía respecto del ejercicio de la prostitución en la jurisdicción del municipio. Y, a propósito de este asunto, la Procuraduría les recordó a los alcaldes y gobernadores que tengan en cuenta en las agendas públicas la reciente recomendación (No. 38 de 2020) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a los Estados parte.
En todo caso, por ahora, se trata de una investigación preliminar en la que el Ministerio Público deberá analizar el caso a fin de determinar si, en efecto, hay pruebas y argumentos de fondo para iniciar un proceso disciplinario formal en contra del mandatario local.
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